A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán.

La controversia se presenta por acción ordinaria laboral instaurada por unos ciudadanos, en contra del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en cuya demanda pretenden que se reconozca la existencia de un contrato de trabajo verbal para la celaduría de la sede de la Secretaría de Infraestructura de la respectiva entidad territorial, que terminó unilateralmente y sin justa causa y se condene al pago de la correspondiente indemnización.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena considera útil referirse al Auto 235 de 2023 en el que explicó que para resolver un conflicto de jurisdicción sobre una controversia de naturaleza laboral que involucre a una persona vinculada al Estado, se debe tener en cuenta (i) el criterio orgánico, correspondiente a la naturaleza jurídica de la entidad demandada; y (ii) el criterio funcional, que se refiere a la naturaleza del vínculo laboral y las funciones desempeñadas por la persona natural.

De esto se deriva que, (i) cuando las labores se prestan a una entidad pública (criterio orgánico), y (ii) cuando aquellas actividades están relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas (criterio funcional), la persona que las realiza tiene el carácter de trabajadora oficial, así haya sido vinculada a una entidad pública con una relación de origen legal o reglamentario.

Y se refiere al Auto 1360 de 2022 en el que reiteró la doctrina de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, por regla general, las ocupaciones de cocina, limpieza, aseo y celaduría, por sí mismas no determinan la naturaleza jurídica del vínculo laboral, pues su cargo solamente podrá ser catalogado como de trabajador oficial en cuanto esté relacionado con la construcción, conservación o sostenimiento de una obra pública.

En razón al análisis realizado, la Sala deduce, frente al caso que, a la luz del criterio funcional, la actividad laboral de celaduría que habrían desempeñado los demandantes no corresponde a aquella que desarrollan los trabajadores oficiales, así que siguiendo lo previsto por la jurisprudencia que desarrolla la excepción que prevé el numeral 4º del artículo 105 del CPACA, se asigna la competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por lo que resuelve remitir el expediente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán para lo de su competencia y para que comunique de la presente decisión al Juzgado Primero Civil de Circuito de Santander de Quilichao y a los sujetos procesales interesados.